La Primera Ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, ha acusado a sus adversarios políticos de incitar la reciente violencia mortal en el país. En las últimas dos semanas, más de 150 personas han muerto y alrededor de 500 han sido arrestadas, mientras la agitación se ha apoderado de Bangladesh.
En una conferencia de prensa, la Primera Ministra Hasina declaró que se vio «obligada» a imponer un toque de queda para garantizar la seguridad pública. «Levantaremos el toque de queda tan pronto como la situación mejore», aseguró durante una reunión con líderes empresariales en Dhaka.
La violencia se intensificó tras la decisión del tribunal superior de abolir la mayoría de las cuotas para empleos gubernamentales, una demanda clave de los manifestantes. Las protestas, lideradas principalmente por estudiantes, se han convertido en llamados a la renuncia de Hasina. Ella atribuyó la violencia al principal partido opositor, el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), y a Jamaat-e-Islami, acusando a sus facciones estudiantiles de incitar el descontento.
Esta situación representa un gran desafío para la Primera Ministra Hasina, quien aseguró su cuarto mandato consecutivo en enero en unas elecciones controvertidas, boicoteadas por los principales partidos de la oposición. Mubashar Hasan, un investigador que estudia el autoritarismo en Asia, comentó: «La politización excesiva del espíritu de la guerra de liberación y la negación de derechos de voto básicos han frustrado a muchos en el país.»
Antes del reciente fallo del tribunal, aproximadamente el 30% de los empleos gubernamentales bien remunerados estaban reservados para los descendientes de aquellos que lucharon en la guerra de independencia de Bangladesh en 1971. La decisión del tribunal de asignar el 93% de estos puestos basándose en el mérito fue vista como un cambio importante.
Inicialmente, Hasina minimizó las preocupaciones de los manifestantes, lo que exacerbó aún más la agitación. El 14 de julio, defendió el sistema de cuotas y cuestionó por qué había tanto resentimiento hacia los descendientes de los combatientes por la libertad. Sus comentarios, especialmente sobre los Razakars—un grupo paramilitar que luchó del lado de Pakistán durante la guerra de 1971—provocaron más protestas.
La situación ha llevado a miles de personas a salir a las calles. Se han encendido fuegos, incluso en la emisora estatal BTV, y el gobierno ha respondido convocando al ejército e imponiendo un toque de queda nacional. Los servicios de internet móvil y mensajes de texto también han sido suspendidos durante cinco días en un intento de sofocar las protestas.
Los líderes estudiantiles han jurado continuar con las protestas, exigiendo justicia para los manifestantes asesinados y detenidos, así como la renuncia de los ministros del gobierno y una disculpa de la Primera Ministra Hasina.
